Desde que se inició el proceso de regularización extraordinaria se han presentado un total de 117.962 solicitudes (1.921 en Málaga). La misma Subdelegación del Gobierno aceptó como buena la cifra de 20.000 inmigrantes en situación irregular en nuestra provincia, cifra estimada por las ONGs y asociaciones de inmigrantes.

 Habría que preguntarse en tal caso por qué los inmigrantes y sus empresarios no están apenas acudiendo a las oficinas a normalizar su situación.

Desde la Iglesia malagueña a través de las Cáritas parroquiales, de Cáritas Diocesana y del Secretariado Diocesano de Migraciones, se mantiene diariamente un contacto con los inmigrantes indocumentados. El análisis de este trabajo nos lleva claramente a la conclusión de que su integración en nuestra sociedad es posible más allá de la diferencia cultural, el idioma o la heterogénea cualificación profesional. Sin embargo, sí existe un obstáculo importante que debemos destacar: su falta de permiso de residencia y de trabajo. Esta falta de papeles les dificulta el acceso a la vivienda, favorece la explotación laboral y les impide vivir en familia. E ahí que celebrásemos el proceso abierto por el gobierno para normalizar a aquellos extranjeros que ya viven y trabajan entre nosotros. Los mismos extranjeros acogieron la medida como una oportunidad para acabar con su situación de explotación.

La regularización exige una estancia en España de más de seis meses y sin permiso de trabajo con antigüedad variable según el sector. Algunas voces han planteado que esta antigüedad laboral se antoja excesiva sobre todo en el campo y la hostelería. Puede ser así, pero aún es más lamentable el gran número de inmigrantes que habiendo conseguido una oferta laboral, no podrán obtener sus papeles porque no están empadronados. Llevan con nosotros más de seis meses y pueden demostrarlo presentando sus cartillas sanitarias, sus reclamaciones ante la administración, sus cuentas bancarias abiertas en nuestros bancos, e incluso, órdenes de expulsión emitidas por la misma Subdelegación que ahora les exige, exclusivamente, el empadronamiento.

El año pasado Juan Pablo II decía con motivo del día de las migraciones: “¡Nadie puede quedar indiferente ante las condiciones que experimentan comunas enteras de inmigrantes! Se trata de gente a la merced de los acontecimientos que cargan a sus espaldas situaciones con frecuencia dramáticas”. Es cierto, ningún católico puede quedar indiferente y es nuestro deber solicitar al Gobierno que, sin poner en riesgo la integridad del proceso, se admitan otros documentos alternativos al padrón e igualmente válidos y oficiales. De no ser así, se estará cometiendo una grave injusticia con miles de inmigrantes que cumplen sobradamente las condiciones a los que no habremos evitado seguir a merced de la explotación.

Málaga, 29 de marzo de 2005

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