Cáritas de Pakistán y otras quince organizaciones locales integradas en el Comité Conjunto de Acción por la Paz han difundido un manifiesto de condena del asesinato, el pasado miércoles 25 de septiembre en Karachi, de siete activistas cristianos involucrados en la defensa de los derechos humanos y la paz. El texto íntegro de dicha declaración es el siguiente:

El Comité Conjunto de Acción por la Paz, al mismo tiempo que expresa su firme condena del horrible asesinato de siete miembros de la organización Idara-e-Amn-o-Insaf, reclama seguridad para la integridad física de las personas que resultaron heridas en el sangriento incidente registrado en la sede de dicha organización. Se trata de testigos del suceso y sus vidas corren un grave riesgo. Urgimos, por ello, al Gobierno para que cumpla con la responsabilidad primordial de proporcionar seguridad a sus ciudadanos.

Estamos convencidos de que lo ocurrido en la sede de Idara-e-Amn-o-Insaf constituye una acción terrorista, que merece el rechazo más firme y absoluto. Condenamos la brutalidad de este hecho y reclamamos la detención inmediata de los terroristas autores del mismo. Demandamos, también, la apertura de una investigación judicial al más alto nivel sobre el incidente que permita conocer cuáles han sido los auténticos móviles de los asesinos.

En una reunión de urgencia, los miembros de este Comité Conjunto hemos coincidido a la hora de señalar que un suceso de esta brutalidad refleja claramente la incapacidad de los intentos gubernamentales para garantizar la seguridad de las personas y demuestra el completo fracaso del sistema legal y de orden público de Pakistán a la hora de proteger a los ciudadanos de a pie, a quienes no se les deja otra alternativa que contratar servicios privados de seguridad. Urgimos al Gobierno y a las autoridades locales a que detengan a los asesinos y a que persigan a todos los implicados en esta brutal carnicería perpetrada a plena luz del día.

El Comité Conjunto de Acción por la Paz critica los fallos del Gobierno a la hora de atajar todos los elementos delictivos que están infligiendo terror sobre víctimas inocentes. En los últimos meses se ha registrado en Pakistán un incremento sin precedentes de la violencia contra los activistas de derechos humanos y de las minorías. Este fenómeno muestra la incapacidad del actual Gobierno a la hora de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y, en particular, de los miembros de las minorías. Y prueba, también, que el Gobierno ha fracasado en el control de las acciones terroristas.

Los miembros del Comité criticamos las declaraciones realizadas por el ministro federal de Justicia, Khalid Ranjha, en las que afirmaba que las ONG están trabajando en contra de los intereses generales del país y afirmamos que comentarios de esa naturaleza por parte del señor Ranjha, un miembro destacado del Gobierno, constituyen una grave irresponsabilidad absolutamente condenable. En este sentido, pedimos al Ministro de Justicia que evite realizar declaraciones indiscriminadas en contra de las ONG y que pida públicas disculpas por sus comentarios negativos sobre las organizaciones sociales. Urgimos al Gobierno a que ponga más interés en la detención de los terroristas que la descalificación de las ONG.

Asimismo, reclamamos al Gobierno que justifique la utilidad de la presencia de miles de agentes del orden en la ciudad y de los millones de rupias que se destinan cada mes a su mantenimiento, cuando están tan lejos de responder a los intereses de los ciudadanos, que viven en condiciones de inseguridad y en las manos de los terroristas.

Oramos por las almas de los fallecidos y expresamos nuestra más profunda cercanía a sus familias. Manifestamos nuestro compromiso a continuar trabajando por la causa por la que nuestros compañeros fueron asesinados, pues entendemos que lo sucedido no es un acto aislado contra unas cuantas personas, sino que se dirige contra todos cuantos trabajamos por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social”.

 

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